Ha entrado en vigor la responsabilidad ampliada del productor textil, una obligación derivada de la Ley 7/2022 y del Real Decreto 1055/2022 que convierte a las marcas en responsables económicas de la gestión de las prendas y el calzado al final de su vida útil.
El modelo se articula en torno a un nuevo SCRAP sectorial —Asociación para la Sostenibilidad Textil (Re-viste)— al que ya se han adherido 720 empresas que representan el 78 % del mercado nacional. Las cuotas iniciales se han fijado en función del peso y la composición de las prendas: a más fibra sintética y a más complejidad de mezcla, mayor coste. Una camiseta de algodón paga 0,02 euros; una americana técnica multicapa, 0,18 euros.
La recogida se desplegará en dos fases. En 2026, contenedores específicos en 1.200 municipios y acuerdos con cadenas minoristas para puntos de devolución en tienda. En 2027, ampliación a la totalidad del territorio. El tratamiento, por ahora, sigue concentrado en cinco grandes plantas que combinan selección manual y robótica, con una tasa de reutilización del 38 % y de reciclaje fibra-a-fibra del 12 %.
