El impuesto especial sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, vigente desde enero de 2023 y modificado al alza en 2025, ha generado 380 millones de euros en 2025. La cifra duplica la previsión inicial del Ministerio y se acerca a los 410 millones que se barajaban como techo recaudatorio.
Doce comunidades autónomas han ejercido su capacidad de modular al alza el tipo estatal. Cataluña, País Vasco, Madrid y Comunidad Valenciana lideran las tarifas: el depósito de residuos urbanos no peligrosos no separados en origen llega a 50 €/t en Cataluña, frente a los 30 €/t del tipo estatal. El efecto recaudatorio inmediato es claro; el efecto incentivador, todavía no.
Las plantas de tratamiento españolas registran un fenómeno previsible pero técnicamente preocupante: el turismo de residuos entre comunidades. Flujos de rechazo procedentes de Cataluña han empezado a desviarse hacia vertederos aragoneses, y residuos catalanes y vascos hacia Castilla-La Mancha. ASEGRE ha pedido al MITECO una armonización al alza para evitar que la fiscalidad ambiental se convierta en una palanca de descoordinación territorial.
